(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de mayo de 2003)

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México – La Ciudad de la esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

DECRETO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed:

Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal II Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

(Al margen superior izquierdo el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. - II LEGISLATURA)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,

II LEGISLATURA

D E C R E T A :

LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de todo Ente Público del Distrito Federal que ejerza gasto público.

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como aquéllos Entes Públicos del Distrito Federal que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, transparencia y publicidad de sus actos.

Artículo 3. La información generada, administrada o en posesión de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como de los Entes Públicos del Distrito Federal que ejerzan gasto público, se considera un bien del dominio público accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que establece esta Ley.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Consulta Directa: La prerrogativa que tiene toda persona de allegarse información pública, sin intermediarios;
II. Datos Personales: Toda información relativa a la vida privada de las personas;
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes Públicos, en los términos de la presente Ley;
IV. Consejo: Al Consejo de Información Pública del Distrito Federal;
V. Ente Público: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; El Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; los Órganos Autónomos por Ley; aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público;
VI. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos personales en poder de los Entes Públicos;
VII. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido;
VIII. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;
IX. Información Confidencial: Toda información en poder de los Entes Públicos, cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a los funcionarios que la deben conocer en razón de sus funciones, así como la información relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley;
X. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de Entes Públicos, bajo las figuras de reservada o confidencial;
XI. Oficina de Información Pública: La unidad administrativa receptora de las peticiones ciudadanas de información, a cuya tutela estará el trámite de las mismas, conforme al reglamento de esta Ley;
XII. Persona: Todo ser humano sin importar condición o entidad jurídica, salvo lo dispuesto en esta Ley; y
XIII. Servidor Público: Los representantes de elección popular, los miembros de los órganos jurisdiccionales del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que maneje o aplique recursos económicos públicos o desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los entes públicos.

Artículo 5. Es obligación de todo Ente Público facilitar la participación de las personas en la vida política, económica, social y cultural del Distrito Federal; para lo anterior, deberán difundir entre los habitantes de esta Entidad Federativa, el contenido de la presente Ley.

Artículo 6. La interpretación de las normas de la presente Ley deberá atender a los principios de transparencia y publicidad de los actos de los Entes Públicos.

Artículo 7. Las solicitudes de información pública se ajustarán al procedimiento que regula la presente Ley. En todas aquellas cuestiones relacionadas con el procedimiento, no previstas en esta Ley, se aplicará la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y en su defecto, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el pedimento, salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales y las disposiciones contenidas en la presente Ley.

En materia política, sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos mexicanos.
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular.

Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:

I. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de un acceso libre a la información pública;
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones;
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal;
IV. Garantizar la Protección de los Datos Personales en poder de los Entes Públicos;
V. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados;
VI. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los Entes Públicos; y
VII. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho.

Artículo 10. Los particulares tendrán acceso preferente a la información personal que de ellos detente cualquier Ente Público.

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.

Toda la información en poder de los Entes Públicos estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas modalidades.

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga.

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los Entes Públicos. La obligación de los Entes Públicos de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.

CAPÍTULO II

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 12.  Todo Ente Público del Distrito Federal deberá publicar al inicio de cada año un listado de la información que detentan, por rubros generales, especificando las fechas, medios de difusión y los lugares en donde se pondrá a disposición de los interesados.

Artículo 13. (Ver Información)  -Al inicio de cada año, los entes públicos deberán publicar y mantener actualizada, de forma impresa o en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:

I. Las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de observancia general en el Distrito Federal;

II. La que se relacione con sus actividades y su estructura orgánica;

III. Las facultades de cada unidad administrativa;

IV. Descripción de los cargos, emolumentos, remuneraciones, percepciones ordinarias y extraordinarias o similares de los servidores públicos de estructura, mandos medios y superiores;

V. Una descripción analítica de sus programas y presupuestos, que comprenderá sus estados financieros y erogaciones realizadas, en el ejercicio inmediato anterior, en materia de adquisiciones, obras públicas y servicios, de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos aplicables;

VI. La relación de sus bienes y el monto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

VII. Información relacionada con los trámites y servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos;

VIII. Las reglas de procedimiento, manuales administrativos y políticas emitidas, aplicables en el ámbito de su competencia;

IX. El presupuesto asignado y su distribución por programas;

X. Las concesiones, permisos y autorizaciones que haya otorgado, especificando al beneficiario;

XI. La información relacionada con los actos y contratos suscritos en materia de obras públicas, adquisiciones o arrendamiento de bienes o servicios;

XII. La ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio;

XIII. La información sobre las iniciativas de ley que se presenten ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y

XIV. Las resoluciones o sentencias definitivas que se dicten en procesos jurisdiccionales o procedimientos seguidos en forma de juicio.

La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Artículo 14. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener lo dispuesto por la ley de la materia.

Artículo 15. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar:

I. Nombre o razón social del titular;
II. Concepto de la concesión, autorización o permiso; y
III. Vigencia.

Artículo 16. Toda información que brinden los Entes Públicos, respecto a la ejecución de obra pública por invitación restringida, deberá precisar:

I. El monto;
II. El lugar;
III. El plazo de ejecución;
IV. La identificación del Ente Público ordenador y responsable de la obra;
V. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato; y
VI. Los mecanismos de vigilancia y supervisión.

Artículo 17. Los Entes Públicos están obligados a brindar a cualquier persona la información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 18. El órgano de control de la gestión pública y el órgano técnico de fiscalización de la Asamblea, ambos del Distrito Federal, deberán proporcionar, a solicitud de parte, los resultados de las auditorias concluidas al ejercicio presupuestal que de cada sujeto obligado realicen. Al proporcionar la información referida deberán claramente señalar la etapa del procedimiento y los alcances legales del mismo.

Los Entes Públicos deberán proporcionar a los solicitantes, la información relativa a las solventaciones o aclaraciones derivadas de las auditorías concluidas.

CAPÍTULO III

DE LA PROMOCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 19. Los Entes Públicos deberán cooperar con el Consejo para capacitar y actualizar de forma permanente a sus servidores públicos en materia del Derecho de Acceso a la Información Pública y el ejercicio del derecho a la Protección de Datos Personales, a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente.

Artículo 20. El Consejo propondrá a las autoridades educativas competentes, incluyan contenidos que versen sobre la importancia social del Derecho de Acceso a la Información Pública y del derecho a la Protección de Datos Personales, en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica que se impartan en el Distrito Federal.

Artículo 21. El Consejo promoverá entre las instituciones públicas y privadas de educación superior del Distrito Federal, la inclusión, dentro de sus actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del Derecho de Acceso a la Información Pública y del derecho a la Protección de Datos Personales.

CAPÍTULO IV

I. DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO

Artículo 22. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo.

Artículo 23. Se considera información reservada, la que:

I. Comprometa la Seguridad Pública Nacional o del Distrito Federal;
II. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona;
III. Impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las contribuciones.
IV. La ley expresamente considere como reservada;
V. Se relacione con el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal;
VI. Trate sobre personas y que haya sido recibida por los Entes Públicos bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los Entes.
VII. Se trate de averiguaciones previas en trámite;
VIII. Se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria;
IX. Se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva;
X. Contenga las opiniones, solicitudes de información, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. Asimismo, la contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Públicos en materia de controversias legales; o
XI. Pueda generar una ventaja personal indebida o en perjuicio de un tercero o de los Entes Públicos;

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones a los derechos fundamentales.

Artículo 24. Se considerará información confidencial, previo acuerdo del titular del Ente Público correspondiente, la siguiente:

I. Las memorias, notas, correspondencia y todos los documentos relacionados con negociaciones entre el Distrito Federal y el Gobierno Federal o las Entidades Federativas, en materia de seguridad pública;
II. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades relativas a la prevención, investigación o persecución del delito, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública en el Distrito Federal;
III. La que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial o el Ente Público así lo determine en salvaguarda del interés del Estado o el derecho de terceros;
IV. Los archivos, análisis, transcripciones y cualquier otro documento relacionados con las actividades y funciones sustantivas en materia de seguridad pública y procuración de justicia; y
V. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los supuestos del artículo anterior.
VI. La correspondencia interna y trámites de gestión interna que realicen los Entes Públicos que no correspondan a programas, acciones, trámites administrativos o actividades relacionadas con las finanzas públicas o actos de autoridad.

Artículo 25. Las autoridades competentes tomarán las previsiones debidas para que la información confidencial que sea parte de procesos jurisdiccionales o de procedimientos seguidos en forma de juicio, se mantenga reservada y sólo sea de acceso para las partes involucradas, quejosos o denunciantes.

Las autoridades que emitan las resoluciones o sentencias definitivas a que se refiere la fracción XIV del artículo 13 de esta Ley, requerirán a las partes en el primer acuerdo que dicten, su consentimiento escrito para publicar sus datos personales, en el entendido de que la omisión a desahogar dicho requerimiento, constituirá su negativa.

Artículo 26. No se podrá divulgar la información clasificada como de acceso restringido, por un período de diez años contados a partir de su clasificación como tal, salvo que antes del cumplimiento del periodo de restricción dejaren de existir los motivos que justificaban su acceso restringido o fueran necesarias para la defensa de los derechos del solicitante ante los tribunales.

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX del artículo 23, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

Artículo 27. Cuando las autoridades competentes consideren que debe continuar restringida la información, corresponderá al titular del Ente Público emitir, debidamente fundado y motivado, el acuerdo que la prorrogue hasta por un máximo de diez años adicionales.

En ningún caso, el carácter restringido de la información podrá superar los veinte años contados a partir de la primera clasificación, procediendo la divulgación de la información si antes del cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir los motivos que justificaban tal carácter.

El proceso de terminación de la restricción al acceso de la información opera de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, sin necesidad de resolución o acto administrativo alguno.

En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no tenga tal carácter.

Artículo 28. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como de acceso restringido, deberá indicar la fuente de la información, la justificación y motivación por la cual se clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia.

CAPÍTULO V
DE LA TUTELA DE LOS DATOS PERSONALES

Artículo 29. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos elaborados con fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para proteger la seguridad pública o la vida de las personas, no deberá registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que puedan originar discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en una asociación o afiliación a una agrupación gremial.

Artículo 30. Los archivos con datos personales en poder de los Entes Públicos deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron creados. La finalidad de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá especificarse y justificarse. Su creación deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento de la persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que:

I. Los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida;
II. Ninguno de esos datos sea utilizado o revelado sin su consentimiento, con un propósito incompatible al que se haya especificado; y
III. El periodo de conservación de los datos personales será el necesario para alcanzar la finalidad con que se han registrado.

Artículo 31. Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está procesando información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin demora, a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos, y a conocer los destinatarios cuando esta información sea trasmitida, permitiéndosele conocer las razones que motivaron su pedimento, en los términos de esta Ley.

Artículo 32. Los Entes Públicos no podrán comercializar, difundir o distribuir a particulares los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento por escrito o por un medio de autenticación similar de los individuos a que haga referencia la información o así lo disponga la ley.

Esta restricción no es aplicable a los entes o servidores públicos que, para el cumplimiento de sus obligaciones o ejercicio de sus atribuciones, requieran de la información en que se contengan los datos personales. El incumplimiento de los entes públicos a la obligación de permitir el acceso a los sistemas de información pública a otros entes o servidores públicos que la requieran por razón de su empleo, cargo o comisión, será causa de responsabilidad en términos de la presente Ley.

Artículo 33. Toda persona tiene el derecho de solicitar por escrito y sin mayor formalidad que la de identificarse e indicar su domicilio, lo siguiente:

I. Un informe a todo Ente Público, acerca de qué documentos o registros se encuentran en ella sobre su persona;
II. La mera consulta, estudio o lectura de los documentos, registros o archivos a que hace mención esta Ley; y
III. La finalidad a que se destina tal información o datos, así como a solicitar la rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información o dato que le concierna, según sea el caso.

Artículo 34. La autoridad responsable tendrá hasta treinta días naturales para responder al solicitante. En caso de que la cantidad o complejidad de documentos a revisar sea tal que la Ente Público deba emplear más tiempo, ésta deberá notificarlo al solicitante, en el domicilio señalado para tal efecto, mediante escrito fundado y motivado y en el término de los treinta días originales de la petición.

El término para la compilación e identificación de documentos se podrá extender hasta por treinta días naturales. En este caso, la notificación de la ampliación del plazo deberá notificarse al interesado conforme al párrafo anterior.

Artículo 35. La rectificación de datos personales se deberá solicitar por escrito dirigido al Ente Público que el interesado o su representante consideren que está procesando información de su persona.

Artículo 36. El escrito por el que se solicite la rectificación de datos personales deberá contener:

I. Nombre del Ente Público a quien se dirija;
II. Nombre completo, datos generales e identificación con documento oficial del solicitante;
III. La mención de los datos correctos y en todo caso los que deben suprimirse por no ser ciertos; y
IV. El lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones.

Artículo 37. Una vez que el Ente Público haya recibido el escrito por el que se solicite la corrección de datos personales, deberá proceder a sustituir los incorrectos por los que le haya señalado el promovente o suprimir los que sean incorrectos.

Cuando la corrección de datos personales deba hacerse en expedientes formados con motivo de procedimientos jurisdiccionales o de aquellos seguidos en forma de juicio, no se suprimirá ningún dato, sino que se asentarán los que se refieren como correctos.

TÍTULO SEGUNDO

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO I

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 38. De conformidad con el principio de publicidad y la libertad de información, toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, toda la información de acceso público en poder o conocimiento de los Entes Públicos indicados en la presente Ley.

La obligación de proporcionar información a quien la solicite, se extiende a todo organismo legalmente constituido o en creación, que sea destinatario de fondos públicos.

Artículo 39. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información ante el Ente Público que la posea.

Artículo 40. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo caso el Ente Público registrará en un formato la finalidad de la solicitud y procederá a entregar una copia del mismo al interesado.

La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá contener cuando menos los siguientes datos:

I. Nombre del Ente Público a quien se dirija;
II. Nombre completo del solicitante, anexando copia de identificación oficial;
III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita; y
IV. El lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones.

Si la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, el Ente Público deberá prevenir por escrito al solicitante, en un plazo no mayor de cinco días hábiles después de recibida aquélla, a fin de que la aclare o complete, con el apercibimiento de que se tendrá por no presentada la solicitud si no se atiende la prevención dentro de los cinco días hábiles posteriores. Esta prevención deberá notificársele al solicitante en el domicilio señalado para tal efecto.

La oficina de información pública correspondiente está obligada a apoyar al solicitante en el llenado de la solicitud cuando lo requiera.

Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.

Artículo 41. La revisión que soliciten las personas, respecto de la información pública es gratuita. No obstante, la reproducción o el proceso de búsqueda de información pública que no se encuentre disponible en la oficina donde se formuló la consulta, habilitará al Ente Público a realizar el cobro de un derecho por un monto de recuperación razonable que se establecerá en el Código Financiero.

Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; y
II. El costo de envío.

Los Entes Públicos deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de información.

Artículo 42. Los Entes Públicos considerados en la presente Ley están obligados a entregar información sencilla y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate.

Artículo 43. En caso de que la solicitud sea rechazada, la resolución correspondiente se le comunicará por escrito al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella, en el domicilio que haya señalado para oír y recibir notificaciones. Esta negativa deberá estar fundada y motivada.

Artículo 44. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, aceptada por el Ente Público, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.

El Ente Público que responda favorablemente la solicitud de información, deberá notificar al interesado el pago de los derechos.

Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente Público deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de diez días hábiles.

Artículo 45. Satisfechos los trámites, plazos, pago de derechos y requisitos exigidos por esta Ley, por el interesado, si la información solicitada no hubiere sido entregada en tiempo por el ente público correspondiente, se entenderá que la respuesta es en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca, excepto cuando la solicitud verse sobre información de acceso restringido, en cuyo caso, se entenderá en sentido negativo.

La afirmativa ficta opera de pleno derecho y no requiere declaración de autoridad para que surta sus efectos.

Artículo 46. Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información, en caso de que la posea el Ente Público, éste queda obligado a otorgarla al interesado en un período no mayor a diez días hábiles, posteriores al vencimiento del plazo para la respuesta, sin cargo alguno, siempre y cuando la información de referencia no sea información de acceso restringido.
Si la respuesta a la solicitud de información fuese ambigua o parcial, a juicio del solicitante, podrá impugnar tal decisión en los términos de esta Ley.

Artículo 47. La consulta directa de información pública podrá realizarla cualquier persona en los archivos que para tal efecto hayan destinado los Entes Públicos.

Artículo 48. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en el caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o que su estado lo permita.

Artículo 49. Bajo ninguna circunstancia se prestará o permitirá la salida de registros o datos originales de los archivos en que se hallen almacenados.

Artículo 50. Los Entes Públicos están obligadas a asesorar a las personas que soliciten el servicio de consulta directa de información pública.

CAPÍTULO II

DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 51. Los Entes Públicos están obligadas a crear un archivo que p ermita localizar con prontitud y seguridad los datos que genere, procese o reciba con motivo del desempeño de su función.

Artículo 52. La información que detenten los Entes Públicos deberá estar disponible en los archivos correspondientes, mismos que deberán satisfacer las siguientes características:

I. Cuando se trate de información correspondiente al año que esté en curso: impresos en papel, digitalizados o en cualquier medio de soporte electrónico; y
II. Digitalizados, en microfichas, para consulta electrónica a partir del año inmediato anterior al que se encuentre en curso y hasta por cuarenta años; organizándolos de acuerdo con los principios archivísticos de procedencia y orden original, que establezca el Consejo.
III. DEROGADA.
IV. DEROGADA.

Artículo 53. El Consejo de Información deberá emitir las reglas generales para la generación de datos, registros y archivos, así como para la conservación de los mismos, previendo los siguientes aspectos:

I. Que las disposiciones permitan clasificar, identificar y preservar la información de acuerdo con su naturaleza;
II. Que los mecanismos que se empleen para la conservación y mantenimiento de la información obedezca a estándares mínimos en materia de archivonomía;
III. Que se permita la capacitación a funcionarios en técnicas de archivonomía; y
IV. Que la información se organice de manera tal que facilite la consulta directa de los particulares.

Artículo 54. Ningún archivo podrá ser destruido sin la aprobación escrita del Consejo y sin que hayan transcurrido cuarenta años a partir de que se produjeron. Para la destrucción de archivos se deberá informar a los ciudadanos a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal y el Diario Oficial de la Federación con treinta días de anticipación por dos veces consecutivas, indicando:

I. El Ente Público al que pertenece;
II. El área o áreas que lo generaron y la última que lo tuvo en su poder;
III. El periodo que comprende;
IV. El tipo de información;
V. El plazo y el procedimiento del que dispone el ciudadano para solicitar su consulta; y
VI. Si se conservará respaldo electrónico del mismo para efectos de su consulta.

Artículo 55. El Consejo determinará el procedimiento para el resguardo y almacenamiento de los archivos que considere como históricos.

Artículo 56. Cuando alguna unidad administrativa de algún Ente Público llegare a desaparecer, los archivos y registros deberán ser resguardados por la unidad encargada de su administración, previo inventario que se levante con la participación de un representante del Consejo, uno de la unidad administrativa respectiva, uno de la unidad encargada de su administración y uno del órgano interno de control que corresponda.

Artículo 57. El Consejo de Información Pública del Distrito Federal es un órgano autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, integrado por representantes de la sociedad civil y de los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y autónomos del Distrito Federal.

En el marco de sus atribuciones, el Consejo estará regido por los principios de austeridad, racionalidad y transparencia en el ejercicio de su presupuesto.

Artículo 58. El Consejo se integrará por tres representantes de cada uno de los Órganos Ejecutivo y Judicial, cuatro del Órgano Legislativo, uno por cada órgano autónomo del Distrito Federal y tres representantes de la sociedad civil, denominados consejeros ciudadanos, de conformidad con las siguientes bases:

I. Los representantes del órgano ejecutivo serán designados por el Jefe de Gobierno;
II. Los representantes del órgano legislativo serán propuestos por la Comisión de Gobierno y aprobados por el pleno;
III. Los representantes del órgano judicial serán designados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, a propuesta de su Presidente;
IV. El representante de cada uno de los órganos autónomos del Distrito Federal será designado por el titular u órgano superior respectivo; y
V. Los representantes de la sociedad civil serán designados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Para la conformación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Comisión de Administración Pública Local, emitirá convocatoria pública abierta en la que invite a organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, colegios, barras y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación a presentar propuestas de candidatos a ser miembros del Consejo de Información Pública del Distrito Federal y que cumplan con los requisitos señalados por el artículo 59 de esta Ley. La convocatoria deberá ser publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en tres diarios de mayor circulación en el Distrito Federal.

La comisión realizará la selección de aspirantes a representantes ciudadanos y remitirá los candidatos al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que con base en la trayectoria y experiencia se realice la designación correspondiente.

La designación de los representantes ciudadanos que integrarán el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en tres diarios de mayor circulación en el Distrito Federal.

Los Consejeros provenientes de la sociedad civil, rendirán protesta ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien inmediatamente procederá a la instalación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal.

El Consejo seguirá en funciones hasta en tanto no se designe nuevamente a los consejeros.

Artículo 59. Para ser consejero ciudadano se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, con residencia legal en el Distrito Federal de por lo menos cinco años anteriores a la designación;
II. Tener al menos treinta años cumplidos al día de su designación;
III. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional;
IV. No ser ni haber sido dirigente de algún partido o asociación política, ni ministro de culto religioso, cuando menos cinco años antes, y no haber sido servidor público por lo menos tres años antes, en ambos casos al momento de su designación; y
V. No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 60. Los consejeros ciudadanos durarán en su encargo un periodo de seis años sin posibilidad de reelección. El periodo del encargo de los representantes de los entes públicos será de tres, pudiendo estos ser removidos antes de que concluyan el mismo por quienes fueron nombrados. Los emolumentos de los consejeros ciudadanos serán diariamente el equivalente a cuarenta y seis días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Este cargo es incompatible con cualquier otro empleo o actividad, salvo la docencia y la investigación académica, siempre y cuando no se atiendan de tiempo completo. Los consejeros ciudadanos no podrán ser retirados de sus cargos durante el periodo para el que fueron nombrados, salvo que incurran en cualquiera de los supuestos siguientes:

I. El ataque a las instituciones democráticas;
II. El ataque a la forma de gobierno republicano representativo y local;
III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
IV. El ataque a la libertad de sufragio;
V. La usurpación de atribuciones;
VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las Leyes locales, cuando cause perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; y
VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, previa garantía de audiencia, calificará por mayoría en el pleno la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo.

El Presidente del Consejo será nombrado por mayoría en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por un periodo de tres años, pudiendo ser reelecto por una sola vez. Sólo podrá ser presidente del mismo quien sea representante de la sociedad civil.

El Pleno del Consejo será la instancia directiva y la Presidencia la ejecutiva.

Artículo 61. El consejo de información contará con un Secretario Técnico que será designado por el Presidente del Consejo, de acuerdo a las normas relativas a la organización y funcionamiento que estarán previstas en el reglamento que para tal efecto se expida.

Artículo 62. El Pleno del Consejo podrá sesionar validamente con la presencia de la mayoría simple de sus miembros, pudiéndose tomar los acuerdos por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 63. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la presente Ley;
II. Investigar, conocer y resolver sobre violaciones a los derechos que tutela la presente Ley;
III. Establecer políticas y lineamientos en materia de acceso a la información, así como opinar sobre la catalogación, resguardo y almacenamiento de todo tipo de datos, registros y archivos de los entes públicos;
IV. Proponer los medios para la creación de un acervo documental en materia de acceso a la información;
V. Organizar seminarios, cursos, talleres y demás actividades que promuevan el conocimiento de la presente Ley y las prerrogativas de las personas, derivadas del Derecho de Acceso a la Información Pública;
VI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el conocimiento de la presente Ley;
VII. Emitir su reglamento interno, manuales y demás normas que faciliten su organización y funcionamiento;
VIII. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de los Entes Públicos sobre el cumplimiento de esta Ley;
IX. DEROGADA
X. Establecer los lineamientos generales para la creación y operación de los archivos que contengan información pública de consulta directa;
XI. Evaluar el acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los actos de los Entes Públicos. Emitir y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones públicas a dichos entes cuando violenten los derechos que esta Ley consagra, así como turnar a los órganos de control interno de los entes públicos las denuncias recibidas por incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley, para el desahogo de los procedimientos correspondientes;
XII. Solicitar y evaluar informes a los Entes Públicos respecto del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública;
XIII. Recibir para su evaluación los informes anuales de los Entes Públicos respecto del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública; y
XIV. Las demás que se deriven de la presente Ley.

Artículo 64. Los Entes Públicos deberán presentar un informe correspondiente al año anterior al Consejo de Información Pública del Distrito Federal, a más tardar, antes de que finalice el último día hábil del mes de enero de cada año. La omisión en la presentación de dicho informe será motivo de responsabilidad.

El informe al que se refiere el párrafo anterior deberá contener:

I. El número de solicitudes de información presentadas al Ente Público de que se trate y la información objeto de las mismas;
II. La cantidad de solicitudes tramitadas y atendidas, así como el número de solicitudes pendientes;
III. El tiempo de trámite y la cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de las solicitudes;
IV. La cantidad de resoluciones emitidas por dicha entidad en las que se negó la solicitud de información; y
V. El número de quejas presentadas en su contra.

Artículo 65. El Consejo presentará anualmente ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a más tardar el quince de marzo de cada año, un informe sobre actividades y resultados logrados durante el ejercicio inmediato anterior respecto al acceso a la información pública, el cual incluirá por lo menos:

I. El número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada Ente Público, así como su resultado;
II. El tiempo de respuesta a la solicitud; y
III. El estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 66. El informe se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y para su mayor difusión se podrá publicar un extracto en los medios de comunicación. Este informe deberá publicarse a más tardar el treinta y uno de marzo de cada año.

CAPÍTULO II
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 67. La vigilancia y control de la presente Ley corresponde:

I. A la Contraloría General en el ámbito de la Administración Pública Local;
II. Al Consejo de la Judicatura en la competencia del órgano Judicial del Distrito Federal;
III. A la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el ámbito de su competencia;
IV. A los órganos de control interno de los órganos autónomos por ley; y
V. Al Consejo.

Artículo 68. El solicitante que estime antijurídica, infundada o inmotivada la resolución que niegue o limite el acceso a la información pública o a la protección de datos personales, podrá optar entre interponer el recurso de inconformidad ante los órganos de control mencionados en el artículo 67 o acudir directamente a la autoridad federal a deducir sus derechos.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste a los particulares de interponer queja ante los órganos de control interno de los entes obligados.

Artículo 69. El recurso de inconformidad que se interponga debe constar por escrito firmado por el afectado o su representante, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que haya sido notificado el acto o resolución que se impugna. El escrito deberá contener:

I. El nombre del inconforme o de quien promueve en su nombre y su domicilio para oír y recibir notificaciones;
II. El acto o resolución de la autoridad que motiva la interposición del recurso de inconformidad y en su defecto, bajo protesta de decir verdad, manifestar la fecha en que tuvo conocimiento del mismo;
III. La mención precisa de la autoridad o autoridades que dictaron el acto o resolución que se impugna;
IV. La descripción de los hechos que constituyen antecedentes del acto o resolución que se impugna;
V. Los agravios u objeciones que le causa el acto o resolución que se impugna; y
VI. Las pruebas que ofrezca el recurrente. Son admisibles todos aquellos medios de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que atenten contra la moral o el orden público.

Artículo 70. La autoridad que conozca del recurso de inconformidad se sujetará a los lineamientos siguientes:

I. Una vez presentado el recurso, se admitirá a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes y en el mismo auto se mandará solicitar a la autoridad responsable, rinda un informe respecto del acto o resolución recurrida, en el que agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, dentro de los cinco días siguientes. Con dicho informe se le dará vista al recurrente, quien manifestará lo que a su derecho convenga dentro de los tres días siguientes a la notificación que se le haga;
II. En un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la admisión del recurso, si las pruebas presentadas fueron desahogadas por su propia naturaleza, deberá emitirse la resolución correspondiente;
III. Si el recurrente hubiere ofrecido medio de convicción distinto a las documentales, se señalará fecha de audiencia pública para su desahogo dentro de los quince días siguientes a la admisión del recurso. Una vez desahogadas las pruebas, dentro de los diez días siguientes deberá emitir la resolución correspondiente;
IV. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del recurrente y asegurarse de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones, así como formular sus alegatos; y
V. Mediante solicitud del interesado podrán recibirse, por vía electrónica, sus promociones y escritos, y practicársele notificaciones.

Artículo 71. Las resoluciones de la autoridad que conozca del recurso podrán:

I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo;
II. Confirmar la decisión del Ente Público, o
III. Revocar o modificar las decisiones del Ente Público y ordenarle a ésta que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos personales, que la proporcione completa, que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos.

Las resoluciones, que deberán ser por escrito, establecerán los plazos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución.

Si el órgano que conoce del recurso no lo resuelve en el plazo establecido en esta Ley, será motivo de responsabilidad.

Cuando el órgano que conozca del recurso advierta durante la sustanciación del procedimiento, que algún servidor público ha incurrido en responsabilidad por violación a los derechos que consigna la presente ley, deberá efectuar la investigación correspondiente y de ser procedente iniciará el procedimiento de responsabilidad que corresponda, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de dar vista a la autoridad competente cuando la violación constituya delito.

Cuando el Consejo sea el que advierta que un servidor público ha incurrido en responsabilidad, lo hará del conocimiento de la autoridad competente, para los efectos del párrafo anterior.

Artículo 72. El recurso será desechado por improcedente cuando:

I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado por la presente Ley;
II. El órgano que conozca del recurso, haya resuelto en definitiva sobre la materia del mismo;
III. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por un Ente Público; o
IV. Ante otro órgano se esté tramitando algún medio de defensa promovido por el recurrente.

Artículo 73. El recurso será sobreseído cuando:

I. El recurrente se desista expresamente del recurso;
II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, ésta se disuelva;
III. Admitido el recurso de inconformidad, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente Ley, o
IV. El Ente Público responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que el medio de impugnación quede sin efecto o materia.

Artículo 74. Las resoluciones de los órganos a que se refiere el artículo 67 de esta Ley, serán definitivas para los entes públicos y para los particulares.
La autoridad jurisdiccional competente tendrá acceso a la Información de Acceso Restringido, cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente.

TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 75. Constituyen infracciones a la presente Ley:

I. La omisión o irregularidad en la publicación o actualización de la información;
II. La omisión o irregularidad en la prestación del servicio en materia de acceso a la información;
III. La omisión o irregularidad en el suministro de la información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes;
IV. Incumplir con la normatividad relacionada con los archivos públicos;
V. Falsificar, dañar, sustraer, extraviar, ocultar o destruir datos, archivos o registros de los Entes Públicos;
VI. Omitir observar los principios establecidos en esta Ley en materia de acceso a la información;
VII. Omitir la atención de las recomendaciones que emita el Consejo; o
VIII. Incumplir con cualquiera de las disposiciones de esta Ley.

Los servidores públicos que infrinjan estas disposiciones serán sancionados mediante el procedimiento que regula la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- La designación de los miembros del Consejo de Información, deberá tener lugar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

Para lo anterior, los titulares de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, deberán tomar las mediadas necesarias para dar cumplimiento al contenido del párrafo anterior.

Para la designación de los tres consejeros que provendrán de la sociedad civil, la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitirá la convocatoria con la debida anticipación a efecto de hacer dicha designación.
Una vez integrado el Consejo en términos de esta Ley, podrá iniciar sus funciones, salvo las disposiciones transitorias que la misma establece.

TERCERO.- Las personas podrán ejercer los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, sesenta días después de la integración del Consejo de Información Pública del Distrito Federal.

CUARTO.- Los Entes Públicos deberán presentar al Consejo, dentro de los quince días posteriores a que éste haya sido creado, los criterios generales para la catalogación, resguardo y almacenaje de todo tipo de datos, registros o archivos.

QUINTO.- Los informes anuales que deben presentar los Entes Públicos serán remitidos al Consejo a más tardar el último día hábil del mes de enero de dos mil cuatro, reportando desde el primer día en que inició el derecho a solicitar información pública.

SEXTO.- Los Entes Públicos podrán usar formas electrónicas, formatos de llenado electrónico y firmas electrónicas para conducir trámites oficiales en un plazo no mayor a los 5 años a partir de la publicación de la presente ley.

SÉPTIMO.- El Gobierno del Distrito Federal, y en su caso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, aprobará la solicitud de adecuaciones para la asignación de recursos para la instalación y operación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, que iniciará su actividad dentro del ejercicio fiscal de 2003.

OCTAVO.- Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al contenido de la presente Ley.

NOVENO.- El Instituto Electoral del Distrito Federal emitirá, dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, aquellas disposiciones en que se señale, de conformidad con el presente ordenamiento, la información relativa al financiamiento que en el ámbito local reciban los partidos políticos.

DÉCIMO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil tres.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ALEJANDRO DIEZ BARROZO REPIZO, PRESIDENTE.- SECRETARIO, DIP. RAFAEL LUNA ALVISO.- (Firmas).

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67 fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil tres.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, JENNY SALTIEL COHEN.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RAQUEL SOSA ELÍZAGA. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, ASA EBBA CHRISTINA LAURELL.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TRASPORTES Y VIALIDAD, FRANCISCO GARDUÑO YAÑES.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MARCELO EBRARD CASAUBÓN.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TURISMO, JULIA RITA CAMPOS DE LA TORRE.- FIRMA.- RL SECRETARIO DE CULTURA, ENRIQUE SEMO CALEV.- FIRMA.


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- La designación de los Consejeros Ciudadanos, integrantes del Consejo de Información Pública, deberá tener lugar dentro de los sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, por lo que los aspirantes deberán, sin excepción alguna, observar los términos de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley.

Las dos Consejeras Ciudadanas nombradas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, continuarán en sus funciones por el periodo que marca esta Ley, en tanto no medie renuncia al nombramiento conferido, salvo lo dispuesto en el artículo 60 de la presente Ley.

Los representantes de los entes públicos deberán ser nombrados dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Los entes públicos que hubieren designado a sus representantes, podrán ratificarlos si así lo prefieren.

Una vez instalado el Consejo en términos de esta Ley, deberá iniciar sus funciones.

TERCERO.- Cada órgano local del gobierno, así como los autónomos del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán establecer las disposiciones jurídicas tendientes a implementar la presente ley.

CUARTO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobará las adecuaciones tendientes a la asignación de recursos en el ejercicio fiscal 2004, para la instalación y operación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal.

QUINTO.- El Consejo de Información Pública del Distrito Federal, a fin de normar su organización, deberá expedir su reglamento interior tomando en cuenta el presupuesto autorizado, dentro de los sesenta días posteriores a su instalación, mismo que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEXTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

SÉPTIMO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil tres.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. LORENA VILLAVICENCIO AYALA, PRESIDENTA.- SECRETARIA, DIP. GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ.- SECRETARIO, DIP. JUVENTINO RODRÍGUEZ RAMOS.- (Firmas).

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil tres.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA.-LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, JENNY SALTIEL COHEN.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RAQUEL SOSA ELÍZAGA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, ESA EBBA CHRISTINA LAURELL.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, FRANCISCO GARDUÑO YAÑEZ.- FIRMA.-EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MARCELO EBRARD CASAUBÓN.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TURISMO, JULIA RITA CAMPOS DE LA TORRE.- FIRMA.

FECHA DE PUBLICACIÓN:                         8 de mayo de 2003.

NUMERO DE REFORMAS: 1

1.    Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31-XII-2003.