Page 61 - USOS DEL SUELO

Destaca el hecho de que en ninguno de estos predios aplica un Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) sino únicamente los Programas Delegacionales (PDDU) respectivos.
Con el análisis de las sentencias de cinco casos se puede decir que “las prácticas jurídicas que recaen sobre los conflictos por el uso de suelo en la Ciudad de México no contribuyen a una solución adecuada de dichos conflictos; más que esclarecer la naturaleza del conflicto y ofrecer una salida transparente, los litigios introducen distorsiones en el desarrollo de los conflictos” (DAT Consultores, 2013: 30).
Además queda claro que en los casos en que la administración pública incurre en actos violatorios de la normatividad o en interpretaciones incorrectas de las resoluciones judiciales, los conflictos entran en el espacio púbico a través de la interpretación que hacen los medios de comunicación de los episodios relevantes de cada conflicto. En este sentido, si bien los vecinos organizados han logrado victorias en la defensa de la calidad de vida de su entorno, esto no se ha debido a un ensanchamiento de los espacios jurídicos para hacer valer sus derechos, sino más bien al acceso a los medios de comunicación. “Los jueces tienden a negar la legitimación para actuar en juicio a los miembros de las comunidades afectadas por proyectos que afectan su calidad de vida, a pesar de que existe jurisprudencia en sentido contrario desde hace dos décadas” (DAT Consultores, 2013: 154). Solamente en uno (Servicio El Tlalpense) de los cinco casos, los vecinos afectados por una obra pudieron actuar como partes reconocidas de un litigio por el uso de suelo; en el más importante (Supervía), la realización de la obra estuvo acompañada por la decisión jurisdiccional de negar la existencia de interés legítimo, lo que impidió el acceso a la justicia a los ciudadanos movilizados en contra de la obra.
Por otro lado, existe la opinión generalizada de que el amparo se utiliza abusivamente para impedir la aplicación de normativa urbanística. Sin embargo, con el estudio de estos cinco casos se muestra que “las decisiones administrativas han sido mucho más importantes en la violación de la normatividad que las decisiones judiciales” (DAT Consultores, 2013: 155); ejemplo de esto es el otorgamiento de certificados de uso de suelo en contra de los usos establecidos por los programas (Servicio El Tlalpense) o recurriendo a interpretaciones incorrectas de una sentencia en materia de amparo (El Cedral y Multiusos).
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