Dicho en una nuez, una RFA trataría de lo siguiente: que no haya impuestos, derechos, tasas o cualquier otro instrumento fiscal que favorezca el uso insustentable de recursos o bienes y servicios ambientales, o de que existan medidas fiscales que propicien la sustentabilidad.

Hace unos pocos años la primera reacción ante las propuestas de RFA era que no estaba claro el significado de la sustentabilidad, pero esa sería ahora una simple excusa: hay suficientes aproximaciones operativas, con información y elementos de control, para precisar que externalidades negativas debemos evitar o al menos reducir, y cuales comportamientos económicos se pueden estimular con el fin de usar mejor los recursos ambientales.

¿Sería posible avanzar en esta dimensión aún cuando existan tantos obstáculos para la reforma fiscal?, ¿no complicaría más las cosas la introducción de las cuestiones ambientales en la agenda fiscal? Opino que hay que entrarle ahora al tema, y que dejarlo para después sería un gran error.

Hay que despejar algunas dudas, y la más importante quizá sea que una RFA no tiene como fin inmediato elevar la recaudación, aunque en algunos casos sí supone nuevos impuestos o derechos o aumentos de las tasas. Esto debe quedar bien claro porque el primer enemigo de la RFA sería el rechazo de la opinión pública. Muchos legisladores han soslayado el tema por el temor de que la RFA se vea básicamente como cobros adicionales.

Ante la posibilidad de que “ahora sí” haya reforma fiscal, sería deseable una plataforma legislativa que permitiera una RFA progresiva, pero con propósitos, reglas y mecanismos claros. Podría ser una ley de impuestos ambientales o algo parecido. Hay muchos casos que pueden servir de referente sin violentar el sistema fiscal mexicano. Incluso existen proyectos que pueden servir de base.

Este primer paso tendría que acompañarse por una revisión integral de todo lo que en la actualidad ya funciona de hecho en la lógica de la RFA, como algunos derechos, criterios de deducibilidad del ISR, IEPS, sobreprecios y otros. Me consta que incluso gente bien informada acerca del sistema fiscal no conoce lo que ya está operando y tiene implicaciones ambientales. Valdría la pena que la nueva legislatura tuviera una valoración y una evaluación de conjunto que le permitiera una visión consistente de la relevancia que tendría este aspecto frente a la crisis ambiental.

También deberían introducirse ya las reformas más urgentes. Por ejemplo, las que tienen que ver con el impacto de algunos bienes sobre la salud humana (algunos agroquímicos tóxicos, ciertas emisiones o residuos) y las vinculadas a procesos críticos en algunos ecosistemas regionales (sobreexplotación de acuíferos, algunas descargas, ciertos cambios de uso del suelo).

Además, la RFA debería ser concebida en un esquema federalista, de tal modo que los instrumentos fiscales que se apliquen para fines ambientales realmente se orienten a resolver problemas locales, tengan resultados evaluables y apreciables por los contribuyentes, y resulten funcionales con la sustentabilidad del desarrollo local y regional. Esta sería quizá su fuente principal de legitimidad social y política.

Los aspectos técnicos de las posibles reformas han sido ya trabajados en nuestro país, tanto por las autoridades hacendarias como por las ambientales, e incluso desde el Congreso. Que daños ambientales atacar; cuál sería el objeto y las fuentes precisas de las medidas fiscales; las bases y factibilidad de los cobros; el costo-efectividad de las medidas; su eficiencia social y económica; las tasas, métodos, plazos, etc. de recaudación, son, entre otros, aspectos cruciales que ya tienen un avance considerable que puede ser aprovechado.

El momento es crítico, pues si de nuevo se pospone el debate de la RFA nuestro país seguirá desaprovechando la política fiscal para enfrentar la crisis ambiental. El Colegio Nacional de Economistas ha discutido bastante el tema en sus congresos y puede aportar mucho al debate.