Es necesario revisar la legislación para que los partidos políticos paguen de sus asignaciones el costo del retiro de la propaganda que ensucia la Ciudad de México, planteó el Gobierno capitalino al Instituto Electoral del Distrito Federal. "La propaganda electoral es un mecanismo a través del cual los partidos políticos cumplen la función de dar a conocer a la ciudadanía propuestas y candidatos, pero su instalación está regulada y la colocación indiscriminada, a sabiendas de que no está permitida, pone de manifiesto la ausencia de una cultura cívica, así como falta de respeto al patrimonio de la ciudad y al medio ambiente", expone el Secretario de Gobierno, Alejandro Encinas. En una misiva dirigida a Javier Santiago, presidente del IEDF, propone "que se revise el marco legal electoral, a fin de que una parte de las prerrogativas asignadas a los partidos políticos sea asignada al Gobierno del Distrito Federal por el costo del retiro de propaganda".

El partido Fuerza Ciudadana fue el único que atendió el exhorto y pidió a sus candidatos retirar su propaganda. Foto: Archivo / Reforma

El planteamiento es parte de una investigación desarrollada por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Ecológico (PAOT) iniciada a raíz de la denuncia de los ciudadanos Carlos García y Javier Galguera, quienes reclamaron por el incumplimiento de los partidos al Código Electoral del DF, que prohibe colocar propaganda en puentes peatonales, postes de alumbrado o de señalización, barras de protección para peatones y árboles.

El Procurador Enrique Provencio pidió al Gobierno información sobre el cumplimiento de la normatividad, por lo que las autoridades ordenaron el retiró de 2.5 toneladas de propaganda indebidamente colocada.

Partidos y candidatos se dijeron perjudicados, "llegando incluso a promover juicios de amparo indirecto, tal es el caso de quien fuera candidato del PRI a jefe delegacional en Benito Juárez", anota la investigación de la PAOT.

Los partidos se quejaron ante el IEDF y lograron que el presidente del organismo, Javier Santiago, limitara al gobierno en la recolección de basura al recordarle que la aplicación del Código Electoral corresponde únicamente al Instituto.

Consiguieron un trámite burocrático. "Se estableció como procedimiento para el retiro el siguiente: el GDF enviaba una relación al IEDF de la propaganda electoral colocada indebidamente; éste a su vez realizaba la inspección ocular y requería a los partidos su retiro, y una vez que se vencía el plazo otorgado, solicitada a la delegación su retiro", cita la investigación de la PAOT, que podría concluir con una recomendación.

Ignoran llamado

La Delegación Azcapotzalco pidió a los partidos políticos, después del 6 de julio, día de la elección, que retiraran su propaganda, pero como hicieron caso omiso el personal de limpia procedió a recogerla, indica una investigación de la Procuraduría Ambiental.

"La delegación Azcapotzalco indicó que se debe solicitar al Consejo General del IEDF se cree un precedente para que en futuras elecciones los partidos no atenten con su propaganda electoral en contra de los árboles, las áreas verdes y el mobiliario urbano de la ciudad", anota el expediente.

Después del 6 de julio, el Gobierno capitalino sólo retiró de vialidades primarias, sin tomar en cuenta calles secundarias a cargo de las delegaciones, 52 toneladas de propaganda, conformadas por 164 mil pendones y 3 mil 50 mantas, aunque a la fecha del reporte dirigido a la PAOT se había recorrido 75 por ciento de las vialidades.

Tan sólo Gustavo A. Madero reportó que retiró 80 toneladas de propaganda electoral convertida en basura, pues la mayor parte no es biodegradable ni reciclable, como ordena el Código Electoral del DF en el artículo 155.

La Delegación Tláhuac fue la única, reconoce la PAOT, que manifestó haber adquirido los servicios de una empresa especializada en reciclamiento de papel y plástico.

"El único partido político que dio respuesta a una solicitud de la Procuraduría fue Fuerza Ciudadana, que pidió a sus candidatos se apegaran al marco jurídico sobre la colocación de propaganda electoral a fin de no incurrir en ningún tipo de irregularidad, instruyéndolos a retirar la misma", consigna la indagatoria.