(Reforma, 8 de enero de 2003)
Se deslindan de invasión en Tlalpan
- El presunto propietario de una casa que se construye en un área de conservación dice que las resoluciones contra este tipo de ilícitos están llenas de errores, por lo que confía en que no habrá demolición
Por la improductividad de la zona
rural de Tlalpan (donde se encuentra
el inmueble en discusión) mucha gente hace una compraventa
ilegal de terrenos. / FOTO: JACOBO ARELLANO / REFORMA
Por IVÁN SOSA / Grupo Reforma
Ciudad de México (8 enero 2003).- El empresario restaurantero y promotor taurino Jesús Arroyo Aguirre informó que si bien los predios de alrededor son suyos, la casa construida sobre suelo de conservación en el paraje Tochtepec, de San Miguel Topilejo, Tlalpan, no es de su propiedad.
Está bien que la delegación proceda a demoler esa casa, porque ni siquiera es mía", comentó el empresario, a pesar de que según el expediente jurídico de la delegación y de la Procuraduría Ambiental compareció el 3 de octubre del año pasado, en calidad de propietario.
"Ese fue un error de las actas administrativas", indicó su hijo Jesús Arroyo Bergeyre, quien también compareció el 3 de octubre como apoderado legal del empresario. "Esa comparecencia fue para el caso de otro terreno colindante", aseguró Arroyo Bergeyre.
El domingo pasado, REFORMA dio a conocer que el Procurador Ambiental, Enrique Provencio, emitió al jefe delegacional Gilberto López y Rivas, así como al director general Jurídico y de Gobierno, Rigoberto Ávila, una recomendación después de que en vano y durante cinco meses exhortó a la delegación a detener la obra erigida sobre zona ecológica.
El empresario Arroyo explicó que desde hace décadas posee varios predios en San Miguel Topilejo, los cuales dedica al cultivo de avena y maíz, pero el año pasado Miguel Camacho, el mismo ciudadano que presentó la denuncia ante la Procuraduría Ambiental contra una construcción sobre área de preservación ecológica, lo demandó por despojo.
Después de acreditar ante la Procuraduría General de Justicia que él no reclamaba ninguna propiedad sobre el predio objeto de la denuncia, Jesús Arroyo Aguirre negó que ahora haya construido sobre el mismo terreno; "por mí que la demuelan de una vez".
Arroyo Bergeyre reconoció que algunos comuneros suelen vender el mismo predio a distintos compradores, que ante la improductividad de los terrenos rurales han hecho del fraccionamiento y de la compraventa ficticia un modo de vida.
A la casa recién terminada se presentó este martes José Aguirre, amigo de Jesús Arroyo Bergeyre, para asumirse como propietario del inmueble, quien reconoció haber construido sin licencia de construcción ni autorización de uso de suelo habitacional, "como todos por acá".
Dijo que las resoluciones administrativas de la delegación son vulnerables, por estar llenas de errores, por lo que confió en que no habrá demolición, como sugirió la Procuraduría Ambiental y ya ordenó la delegación Tlalpan.
Por su parte, la delegación Tlalpan informó que no ha ignorado la invasión de un particular a la zona de reserva ecológica ubicada en el pueblo de San Miguel Topilejo.
Sobre la recomendación emitida por la Procuraduría el 27 de diciembre a la Delegación Tlalpan, la demarcación explica a través de una carta que el órgano procurador otorga diez días hábiles para aceptarla o rechazarla, plazo que vence el miércoles de la semana próxima, y que le otorgaría 15 días más para dar cumplimiento en caso de ser atendida, lo que significa que el término concluiría hasta el cinco de febrero.
En el documento la delegación indica que el contenido de la recomendación está en estudio para resolver qué se contestará a la PAOT; asimismo, niega que se haya hecho caso omiso de la invasión, "ya que se ha actuado desde el momento mismo que se nos notificó esta irregularidad (el 12 de agosto pasado)".
"Se realizaron visitas de verificación derivado de las cuales se procedió a susupender las obras, se impuso una multa de 5 por ciento del valor comercial de las obras ejecutadas; se ordenó la clausura y demolición de éstas, y se presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por la posible comisión de ilícitos ambientales", indica el texto de la delegación.
