(Reforma, 5 de enero de 2003)

Destrozan suelo ecológico

• Advertencias de la Procuraduría Ambiental son insuficientes para que la Delegación Tlalpan clausure y derribe la obra erigida en área de conservación

Por Iván Sosa / Reforma

Cinco meses después de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial hiciera a la delegación Tlalpan el primer exhorto para clausurar la obra, cuando sólo tenía cimientos, una casa del empresario restaurantero, Jesús Arroyo, erigida sobre suelo ecológico de conservación en San Miguel Topilejo, ya está prácticamente terminada.

Después de una serie de llamados para impedir el desarrollo de la obra y ante el avance de la casa, el procurador ambiental Enrique Provencio dirigió al jefe delegacional Gilberto López y Rivas una recomendación para, incluso con el uso de la fuerza pública, "evitar que la ausencia de la autoridad motive que se siga construyendo en el citado predio".

El 22 de julio del año pasado, el ciudadano Miguel Camacho acudió ante la PAOT para denunciar la construcción de un inmueble en el área ecológica de San Miguel Topilejo, uno de los ocho poblados rurales de Tlalpan en donde está prohibido urbanizar y de acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano sólo se pueden realizar actividades dirigidas a conservar los servicios ambientales del suelo verde.

Los propios comuneros de San Miguel Topilejo vendieron el predio a Miguel Camacho y más tarde el mismo terreno fue vendido nuevamente a otra persona, que pronto comenzó a construir. Además de otras instancias, Camacho acudió a la PAOT para denunciar la destrucción de un espacio del suelo de conservación ecológica.

Después de constatar el levantamiento de cimientos y una barda inicial, el 12 de agosto el subprocurador de Ordenamiento Territorial de la PAOT, Miguel Angel Cancino, solicitó al jefe delegacional en Tlalpan, Gilberto López y Rivas "Imponer las medidas de seguridad y sanciones administrativas que resultaran aplicables".

"Los funcionarios de las nueve delegaciones con suelo de conservación sí tienen atribuciones para detener las obras en las zonas ecológicas de la ciudad, de entrada, porque carecen de licencia de construcción, y en ese momento, en Tlalpan pudieron impedir que prosiguiera el levantamiento de l casa", localizada en el predio Tochtepec, de San Miguel Topilejo, subrayó Cancino.

Un mes después, el 17 de septiembre, el coordinador jurídico Mauricio Velázquez respondió a la Procuraduría que no habían hecho nada porque la delegación "no tenía conocimiento del daño generado al suelo de conservación", aún cuando la obra está en pleno monte y todavía conserva señas de por lo menor un centenar de árboles eliminados.

El 20 de septiembre el subprocurador Cancino pidió al director general Jurídico y de Gobierno, Rigoberto Ávila, una respuesta. Se abrió entonces una etapa de confusión alrededor del procedimiento de verificación que deben seguir las delegaciones para impedir la ocupación ilegal en franja rural.

Según la delegación, el 11 de septiembre practicó una visita de verificación que, más tarde, el 17 de octubre, nulificó porque "no cuenta con los elementos y requisitos de validez jurídica".

En un documento remitido a la Procuraduría, el director general Jurídico y de Gobierno explica que nulificó la orden de verificación por petición de Jesús Arroyo Bergeyre, en su carácter de apoderado legal de Jesús Arroyo Aguirre, "propietario del inmueble materia del presente procedimiento".

Ninguna de las llamadas telefónicas para conocer su versión fue atendida por el empresario Jesús Arroyo.

El director general Jurídico y de Gobierno, a quien también está dirigida la Recomendación 05/2002, dijo en entrevista, al igual que el jefe delegacional, que aceptaba la sugerencia de la PAOT. "Lo que no admito es que no hemos actuado, porque el particular tiene derecho de inconformarse y nosotros tenemos la obligación de respetar los procedimientos y plazos marcados por la ley", comentó Rigoberto Ávila.

El 30 de octubre, dos meses después del primer exhorto de la Procuraduría, la delegación finalmente dictó dos resoluciones administrativas en las que ordena clausurar la obra, aplicar multas equivalentes al 7 por ciento del valor comercial del inmueble erigido y demoler la casa. Pero las determinaciones no han sido ejecutadas.

"No obstante que el jefe delegacional y el director general Jurídico y de Gobierno pueden imponer como sanciones la suspensión de trabajos, la clausura de obras, la demolición de la construcción, no han ejercitado en forma adecuada las atribuciones que tienen encomendadas", precisa la recomendación, todavía sin respuesta oficial de parte de la delegación.

En una visita efectuada la semana pasada, el subprocurador Cancino constató que con todo y la colocación de sellos delegacionales de clausura, los trabajadores continúan el levantamiento de la casa prácticamente lista para ser habitada, que sin ladridos ni gruñidos cuida un perro con vista enferma.

Una muestra de un fenómeno generalizado

El caso expuesto por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) en su recomendación 5 es apenas una muestra de un fenómeno común en la ciudad. "Todos tenemos que hacer nuestro trabajo para conservar los espacios verdes de la ciudad", definió Miguel Ángel Cancino, subprocurador de la PAOT, creada el año pasado con el objetivo de frenar la dinámica de urbanización con invasiones sobre el suelo de conservación.

Los funcionarios de las nueve delegaciones con franja rural argumentan que corresponde al gobierno central, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión de Recursos Naturales y l Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, actuar cuando una invasión es detectada.

También, remiten responsabilidad al gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua. "Pero está muy claro en las leyes que los primeros que tienen competencia para actuar son los funcionarios delegacionales", subrayó Cancino.

Dentro de las mismas delegaciones, las diferencias internas y la dispersión de facultades permiten a asesores profesionales inducir a ocupantes ilegales con recursos económicos para que construyan rápidamente, pues una vez levantada la obra la autoridad delegacional tendrá que seguir una serie de procedimientos que, por lo regular, concluye con la aceptación en los hechos del inmueble.

Las oficinas ambientales atribuyen a las áreas jurídica y de obras las facultades de actuación, y viceversa, por lo que la PAOT intenta mostraren las recomendaciones elaboradas que "todos podemos hacer algo para limitar el desordenado crecimiento de la ciudad a costa de las zonas ecológicas", comentó Cancino.

El caso del predio en San Miguel Topilejo ha permitido documentar un ejemplo aislado de muchos que en el mismo predio de Tochtepec se reproducen, ante la apatía de todos y cada uno de los funcionarios con alguna responsabilidad en la materia.
"Apenas estamos en nuestro nacimiento, pero esperamos que pronto podamos integrar recomendaciones que documenten omisiones generalizadas que deben ser corregidas", resaltó el subprocurador de Ordenamiento Territorial de la PAOT, Miguel Ángel Cancino.