El Procurador Ambiental capitalino, Enrique Provencio, consideró este domingo que la nueva Ley de Residuos Sólidos, que entrará en vigor el próximo año, es insuficiente para atender los problemas de confinamiento, reuso y reciclaje de la basura en el Distrito Federal.

La Ley que regulará el que no se tire la basura en lugares públicos entrará en vigor dentro de un año. Foto: Archivo / Reforma

"(La ley) se quedó corta al no explicar cómo el Gobierno logrará hacer frente a los problemas de separación de desechos sólidos entre orgánicos e inorgánicos desde la fuente de generación de éstos", en referencia a los apartados que establecen que los capitalinos estarán obligados a separar la basura orgánica de la inorgánica.

En una reunión con la Comisión de Derecho Ambiental de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Ombudsman ambiental capitalino señaló que la nueva normatividad no establece de forma clara los procedimientos que deberán seguirse para la disposición final de la basura en la Ciudad de México.

Sin embargo, destacó que la legislación servirá para resolver los problemas de generación de basura en la capital, indicó en un comunicado emitido a nombre de la Barra Mexicana, que organizó la reunión para discutir los puntos de vista sobre esta normatividad.

La Ley aprobada por la ALDF busca atender el problema que provocan las casi 12 mil toneladas de basura que se generan diariamente en la Ciudad de México, de las cuales 46 por ciento es doméstica, 29 por ciento comercial y 15 por ciento de oficinas, empresas y servicios y el restante de otros giros.

Provencio estableció que la Ley es insuficiente, pues tampoco especifica cuáles serán los mecanismos a seguir para evitar la contaminación del aire y suelo causados por el confinamiento de los desperdicios generados en la capital, ni precisa las distintas formas de deterioro ambiental que pueden provocar los desechos sólidos.

La Legislación, aprobada en marzo de este año, considera también multas de entre 430 y 6 mil 500 pesos para quienes tiren basura en la calle, y la obligación de los establecimientos mercantiles de firmar convenios con las delegaciones para la recolección de sus desperdicios.