Es del conocimiento público
la construcción realizada en meses pasados por parte del Gobierno
del DF del Distribuidor Vial San Antonio-Río Becerra, proyecto
que representa sólo una parte de la primera etapa de un plan conocido
como "Segundos Pisos de Periférico y Viaducto", y que
fue vendido a la población por esta autoridad como una opción
para disminuir los niveles de contaminación atmosférica
en la Ciudad de México y de esta manera elevar la calidad de vida
de los ciudadanos. Sin embargo, dicha obra, porque ya lo hemos visto y
lo han demostrado los medios de comunicación de manera gráfica,
no traerá los beneficios prometidos, además de que su realización
es ilegal.
Por principio de cuentas, se incentiva a la población a usar
mas el automóvil, lo que implica más consumo de combustible,
ocasionando más emisiones a la atmósfera, mayor ruido,
y, en poco tiempo, mayor congestionamiento. Es decir, estamos hablando
de una aspirina que pretende deshacerse de una migraña, una solución
temporal que no ataca el problema de fondo y tampoco promueve el transporte
público inteligente, eficiente y ambientalmente seguro.
Como ya se ha comentado en este espacio anteriormente, se han venido
estudiando y denunciando diversas ilegalidades en torno al desarrollo
de esta megaobra desde sus inicios. Desde entonces, el gobierno capitalino
y los contratistas han cometido violaciones a las leyes aplicables y
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tales como
la segmentación de la obra; errónea motivación
al momento de someter a Consulta Pública la primera etapa del
proyecto e iniciar las obras y generar residuos peligrosos sin las autorizaciones
respectivas.
En esta ocasión, vale la pena comentar la ilegalidad consistente,
desde un principio, en la segmentación del proyecto para propósitos
del procedimiento de la evaluación del impacto ambiental. El
promovente de este proyecto, que es el mismo gobierno de la ciudad mañosamente
ha presentado desde el inicio, para su evaluación, la obra segmentada
en partes, en etapas y no en su conjunto como lo establece la Ley Ambiental
del DF, al indicar que lo que se somete a la evaluación de impacto
ambiental es el proyecto, la obra o la actividad (entendiéndose
que es en su conjunto y no en partes).
Eso no es todo, sino que además, recientemente nos encontramos
con otras trampas que llevaron a cabo las mismas autoridades ambientales
del DF y que consisten, por un lado, en haber presentado la segunda
etapa de los segundos pisos al procedimiento de la evaluación
de impacto ambiental en tres fases, con lo que fragmenta lo fragmentado.
Es decir, no sólo no se conformaron con violar la Ley Ambiental
local al segmentar toda la obra en tres etapas, sino que además
ahora segmentan la segunda etapa en tres fases.
Ni la Ley Ambiental local ni su reglamento en materia de impacto ambiental
permiten lo anterior. ¿Dónde esta la Procuraduría
Ambiental del DF? Y no lo permiten, ya que el espíritu de la
evaluación del impacto ambiental es el evaluar una obra considerándola
en su conjunto, para así evaluar los impactos reales y acumulativos
que se originarían en el ambiente a consecuencia de ésta.
Por el otro lado, a sabiendas de que la segunda etapa del proyecto
se presentaría para ser evaluada en meses pasados y con la intención
de presentar cuando esto sucedería una solicitud de Consulta
Pública, ciudadanos interesados presentaron el 27 de mayo del
2003 al gobierno capitalino un escrito solicitándole información
acerca de la evaluación del impacto ambiental de la segunda etapa
de este proyecto.
Casi cuatro meses después, el 15 de septiembre de este año,
las autoridades ambientales capitalinas dictan un acuerdo en el que
contestan que el proyecto aún se está evaluando y que
la información esta a su disposición. Al día siguiente,
siendo día festivo (16 septiembre) la autorización se
otorgó, sin que los ciudadanos estuvieran enterados de la contestación
del 15 de septiembre, pues ésta les fue notificada hasta el 22
de septiembre.
¿Somos o nos hacemos? ¿Acaso creen las autoridades capitalinas
y López Obrador que la gente se chupa el dedo y no se dan cuentan
de sus maneras de darle la vuelta a la legalidad? De lo anterior, se
desprende que la autoridad competente violó la Ley Ambiental
del DF que le impone un plazo de 20 días máximo para contestar
a las solicitudes de información, violación cometida al
propósito y conscientemente, porque no quiso dicha autoridad
dar a conocer que el proyecto en cuestión se encontraba en evaluación
en el momento en el que la sociedad pudo solicitar la consulta pública,
es decir antes de que se autorizará la segunda etapa del proyecto.
¿Dónde quedó la consulta, la transparencia y el
acceso a la información que tanto le reclamó López
Obrador al PRI en su momento? Nada más llegan al poder y todos,
sin excepción, son lo mismo. ¿Podrán dormir? ¿Cómo
tienen la conciencia?
*Presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental
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