México D.F. a 28 de septiembre de 2003

Violación sistemática a la legislación ambiental
Por Gustavo Alanís *
Es del conocimiento público la construcción realizada en meses pasados por parte del Gobierno del DF del Distribuidor Vial San Antonio-Río Becerra, proyecto que representa sólo una parte de la primera etapa de un plan conocido como "Segundos Pisos de Periférico y Viaducto", y que fue vendido a la población por esta autoridad como una opción para disminuir los niveles de contaminación atmosférica en la Ciudad de México y de esta manera elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, dicha obra, porque ya lo hemos visto y lo han demostrado los medios de comunicación de manera gráfica, no traerá los beneficios prometidos, además de que su realización es ilegal.

Por principio de cuentas, se incentiva a la población a usar mas el automóvil, lo que implica más consumo de combustible, ocasionando más emisiones a la atmósfera, mayor ruido, y, en poco tiempo, mayor congestionamiento. Es decir, estamos hablando de una aspirina que pretende deshacerse de una migraña, una solución temporal que no ataca el problema de fondo y tampoco promueve el transporte público inteligente, eficiente y ambientalmente seguro.

Como ya se ha comentado en este espacio anteriormente, se han venido estudiando y denunciando diversas ilegalidades en torno al desarrollo de esta megaobra desde sus inicios. Desde entonces, el gobierno capitalino y los contratistas han cometido violaciones a las leyes aplicables y al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tales como la segmentación de la obra; errónea motivación al momento de someter a Consulta Pública la primera etapa del proyecto e iniciar las obras y generar residuos peligrosos sin las autorizaciones respectivas.

En esta ocasión, vale la pena comentar la ilegalidad consistente, desde un principio, en la segmentación del proyecto para propósitos del procedimiento de la evaluación del impacto ambiental. El promovente de este proyecto, que es el mismo gobierno de la ciudad mañosamente ha presentado desde el inicio, para su evaluación, la obra segmentada en partes, en etapas y no en su conjunto como lo establece la Ley Ambiental del DF, al indicar que lo que se somete a la evaluación de impacto ambiental es el proyecto, la obra o la actividad (entendiéndose que es en su conjunto y no en partes).

Eso no es todo, sino que además, recientemente nos encontramos con otras trampas que llevaron a cabo las mismas autoridades ambientales del DF y que consisten, por un lado, en haber presentado la segunda etapa de los segundos pisos al procedimiento de la evaluación de impacto ambiental en tres fases, con lo que fragmenta lo fragmentado. Es decir, no sólo no se conformaron con violar la Ley Ambiental local al segmentar toda la obra en tres etapas, sino que además ahora segmentan la segunda etapa en tres fases.

Ni la Ley Ambiental local ni su reglamento en materia de impacto ambiental permiten lo anterior. ¿Dónde esta la Procuraduría Ambiental del DF? Y no lo permiten, ya que el espíritu de la evaluación del impacto ambiental es el evaluar una obra considerándola en su conjunto, para así evaluar los impactos reales y acumulativos que se originarían en el ambiente a consecuencia de ésta.

Por el otro lado, a sabiendas de que la segunda etapa del proyecto se presentaría para ser evaluada en meses pasados y con la intención de presentar cuando esto sucedería una solicitud de Consulta Pública, ciudadanos interesados presentaron el 27 de mayo del 2003 al gobierno capitalino un escrito solicitándole información acerca de la evaluación del impacto ambiental de la segunda etapa de este proyecto.

Casi cuatro meses después, el 15 de septiembre de este año, las autoridades ambientales capitalinas dictan un acuerdo en el que contestan que el proyecto aún se está evaluando y que la información esta a su disposición. Al día siguiente, siendo día festivo (16 septiembre) la autorización se otorgó, sin que los ciudadanos estuvieran enterados de la contestación del 15 de septiembre, pues ésta les fue notificada hasta el 22 de septiembre.

¿Somos o nos hacemos? ¿Acaso creen las autoridades capitalinas y López Obrador que la gente se chupa el dedo y no se dan cuentan de sus maneras de darle la vuelta a la legalidad? De lo anterior, se desprende que la autoridad competente violó la Ley Ambiental del DF que le impone un plazo de 20 días máximo para contestar a las solicitudes de información, violación cometida al propósito y conscientemente, porque no quiso dicha autoridad dar a conocer que el proyecto en cuestión se encontraba en evaluación en el momento en el que la sociedad pudo solicitar la consulta pública, es decir antes de que se autorizará la segunda etapa del proyecto.

¿Dónde quedó la consulta, la transparencia y el acceso a la información que tanto le reclamó López Obrador al PRI en su momento? Nada más llegan al poder y todos, sin excepción, son lo mismo. ¿Podrán dormir? ¿Cómo tienen la conciencia?

*Presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental