Los 234 asentamientos irregulares en la zona de conservación ecológica de Tlalpan cubren parte de la montaña, en las cañadas, entre las milpas y en lo profundo del bosque, y a pesar de que las autoridades delegacionales han realizado denuncias penales en contra de quienes ahí viven, afirman que es necesaria la ayuda del Gobierno federal para frenarlas.

Los 'invasores hormiga' construyen una choza precaria en una paraje, cañada o detrás de un grupo de árboles para no llamar tanto la atención. Foto: Carlos Milanés / Reforma

Ante la magnitud que alcanzan las invasiones, Mireya Ímaz, directora de Ecología de esa demarcación, afirmó que se requiere de una política de Estado que redefina el área urbana, y proteja los bosques y pastizales del sur de la Ciudad.

La zona afectada por las invasiones hormiga han ocupado una superficie de 839 hectáreas, que equivale a la extensión total del Bosque de Chapultepec.

La invasión hormiga consiste en construir una choza precaria en una paraje, cañada o detrás de un grupo de árboles para evitar que sea localizada a primera vista y al paso de los meses consolidar la construcción con tabique y concreto.

Otra variante es la expansión de las colonias comunales que están asentadas en la zona, mediante la construcción paulatina de más casas junto a las colonias comunales -asentamientos de comuneros- en torno a los restaurantes, a las pistas de motocicletas o veredas para caballos en el Ajusco medio, y en la cercanía de las carreteras Picacho Ajusco y Federal a Cuernavaca.

En el Ajusco, por ejemplo, se invadió un paraje conocido como El Zacatón, que se encuentra en proceso de regulación.

En el asentamiento comunero Héroes de 1910, los propios comuneros iniciaron un proceso de fraccionamiento en las faldas del Xitle para la venta a particulares, dañando cerca de un millón de metros cuadrados del bosque.

Cerca de Santo Tomas Ajusco hay casas esparcidas por parajes y barrancas donde también se deposita cascajo y basura.

En Topilejo también hay casas recientemente construidas bajo torres de alta tensión, en las cabeceras de las milpas, e incluso hay sitios donde los lotes al borde de la carretera se encuentran señalados con estacas de un metro de altura.

La mayoría de los casos se tratan de construcciones precarias de madera y láminas, pero también hay de tabique y concreto.

Tanto en el Ajusco como en Topilejo existen predios donde se deposita cascajo o sirven para aparcar camiones foráneos y cajas de tráiler. Los terrenos son vigilados por perros y en algunos casos hay gente armada custodiando.

De acuerdo con Ímaz, ya no hay grupos organizados que encabecen una invasión en el bosque, como ocurría en las décadas de los 80 y 90, sino que la construcción se realiza de forma paulatina y a baja escala, dificultando su localización.

Las personas que construyen ilegalmente, agregó Imaz, por lo general no pertenecen a los ejidos sino de gente que viene de otras zonas de la ciudad o del País y que son atraidas por el bajo costo de la tierra y a que no deben presentar permisos ante la Delegación para edificar.

Fomentan comuneros invasiones

De acuerdo con información de la demarcación, unas 839 hectáreas de la zona de protección ecológica de Tlalpan han sido afectadas por los asentamientos humanos irregulares que han sido tolerados, e incluso fomentados, por los comuneros de la región.

El caso más ilustrativo es del asentamiento Héroes de 1910, donde cerca de un millón de metros cuadrados fueron deforestados y en ellos se construyeron casas, se habilitaron brechas y se introdujo maquinaria pesada.

"El problema de los asentamientos no se puede resolver desde la Delegación, sino que debe haber una decisión de Estado.

"En este caso se pone en riesgo la viabilidad de la Ciudad y la vida de millones de personas por la de unos miles que viven en (asentamientos irregulares en) esa zona (de conservación ecológica)", enfatizó.

Ímaz explicó que una política de Estado debería contener los lineamientos para que las construcciones irregulares en bosques, pastizales, cañadas y barrancas sean clausurados, derribados, y que sus pobladores sean reubicados en los cascos urbanos de Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco y Topilejo, entre otros, o llevados a zonas de baja densidad poblacional en la Ciudad.

Además se tendría que redefinir el polígono de la zona de conservación ecológica y establecer mecanismos para prevenir futuras invasiones.

Las zonas afectadas por las asentamientos irregulares tendrían que ser limpiadas de escombros de las construcciones, y ser sometidas a un proceso de reintroducción de vegetación y de arbolado.

"Ya hay tolvaneras en el Ajusco, ese es un indicador de la gravedad del problema. Se trata de un asunto de sobrevivencia de la Ciudad.

"Además de la infiltración de agua al subsuelo, la razón para proteger esa zona del sur de la Ciudad es por que ahí vive el 3 por ciento de la biodiversidad del planeta", explicó la funcionaria, quien es hermana del próximo delegado en Tlalpan, Carlos Imaz.

Problema recurrente

El subprocurador Ambiental del DF, Miguel Ángel Cancino, destacó que las invasiones son un problema recurrente que en algunas zonas adquiere una mayor dinámica que en otras, pero que no ha dejado de presentarse.

Informó que entre julio del 2002 y julio del 2003, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF, ha recibido 71 denuncias ciudadanas por daños a suelo de conservación, invasión de barrancas, afectaciones en áreas naturales protegidas, en áreas de valor ambiental y en áreas verdes en suelo urbano.

"Creemos que el problema sí es importante y se debe tomar en cuenta. Nosotros nos acercamos a las delegaciones, de hecho lo que sucede en Tlalpan lo estamos atendiendo igualmente en Cuajimalpa, en Álvaro Obregón, en Magdalena Contreras, sobre todo en las dos primeras por la ocupación de barrancas en suelo de conservación, así como en todas las delegaciones que tienen suelo ecológico

"El deber que tienen todos los ciudadanos es estar participando en la atención de este tipo de problemas, que evidentemente no es algo tan sencillo", comentó Cancino.

El funcionario agregó que sobre el asunto de las invasiones, la Procuraduría Ambiental lo ve como un problema recurrente que en algunas zonas adquiere una mayor dinámica que en otras, pero que no ha dejado de presentarse.

A pregunta expresa el subprocurador precisó que la PAOT trabaja con base a dos mecanismos: uno es directamente vinculado a la denuncia ciudadana, incluyendo la petición de las propias autoridades por entrarle a la solución de problema, y la otra es iniciar investigaciones de oficio por la propia Procuraduría Ambiental.

Reconocen falta de coordinación

La secretaria del Medio Ambiente del DF, Claudia Sheinbaum, reconoció que ha habido poca coordinación entre las instancias de los gobiernos local y federal para atacar el problema de invasiones en suelo de conservación, y destacó que se han remitido al Ministerio Público cerca de 20 personas que están relacionadas con líderes que especulan con la tierra en esa zona.

"Siguen creciendo los asentamientos humanos que ya existían y que se han ido desdoblando y algunos nuevos asentamientos que se han ido ubicando en zonas, producto de la venta ilegal de predios ejidales y comunales.

"La vigilancia de la zona debe ser conjunta entre autoridades delegacionales, ambientales, y SSP, e inclusive autoridades federales, particularmente en las zonas boscosas que tienen un carácter federal.

"Los ejidatarios y comuneros deben desarrollar otro tipo de actividades productivas que les den recursos y no requieran vender sus tierras para resolver sus problemas económicos; y tener una coordinación intensa, eso es fundamental, hasta ahora ha habido poca coordinación entre las distintas autoridades y es evidente que tenemos que actuar en ese sentido", puntualizó.

Sheinbaum señaló que debe haber acuerdo entre los jefes delegacionales de las siete demarcaciones que tienen suelo de conservación, las autoridades centrales y el Gobierno federal para proteger estas zonas por que significan la sustentabilidad de la ciudad.

Destacó la Secretaría de Gobierno del DF iniciará en las próximas semanas reuniones con los jefes delegacionales electos, con el fin de establecer programas de trabajo concretos para establecer estrategias de vigilancia, de recuperación de zonas invadidas y de restauración de áreas dañadas.

"En este año el Sistema de Vigilancia Ambiental en la Comisión de Recursos Naturales ha desarrollado cerca de 280 operativos y remitido al Ministerio Público a cerca de 20 personas relacionadas con líderes que especulan y venden terrenos, y que además mal informan a la gente que está comprando las tierras. En algunos casos ha sido favorable el dictamen final de MP y del juez, y en otros casos, no", abundó.

La funcionaria confirmó que hay especuladores de la tierra ligados al PRI, al PRD, e inclusive al PAN, y demandó mayor participación del Gobierno Federal para erradicar también la tala clandestina en la frontera con Morelos.
Por Arturo Páramo y Alejandro Ramos