En esta, la primera recomendación que emite la PAOT por un área natural protegida, se señaló la incapacidad mostrada por la Secretaría del Medio Ambiente capitalino, las autoridades delegacionales y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corena) para poner fin a la situación, que ha causado un deterioro ecológico irreversible.
En su recomendación, la número 07/2003, la Procuraduría señaló la nula vigilancia de Corena en la zona, que ha sido incapaz de iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y poner un alto a las invasiones con “medidas correctivas” y la presentación de las denuncias penales correspondientes.
Y es que, expuso, a pesar de que a raíz del desalojo de Amalacachico, en octubre del 2002, diversas personas iniciaron juicios de amparo para impedir nuevos desalojos, los cuatro procedimientos concluyeron con sobreseimientos, sin que por ello la autoridad haya actuado.
“Por lo tanto no hay impedimento para que continúe con el procedimiento de recuperación de la zona” y por eso se instó a las autoridades de Corena a aplicar las medidas correctivas correspondientes.
En lo que toca a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación, la PAOT señaló que no realizó las verificaciones correspondientes de vigilancia.
Por eso, en el documento se reconoce que a diez años de la declaratoria de la zona chinampera de Xochimilco como patrimonio de la humanidad aún no existe un programa de manejo correspondiente, y por tanto la Secretaría del Medio Ambiente ha incumplido con responsabilidad.
Además, por omisión se ha permitido la descarga de agua contaminada en la zona, se ha violado la Ley de Residuos Sólidos al permitirse descargas y se han suministrados servicios de forma ilegal.
Con anuencia de las autoridades locales y federales, y por “inacción” se posibilitó durante años el relleno de canales, la venta ilegal y la grave contaminación de mantos fréaticos, concluye.
Por todo ello la zona vive un alto grado de deterioro ecológico, los daños son irreversibles y ya son 43 las hectáreas ocupadas de forma irregular.
Las dependencias señaladas deberán responder en un plazo de diez días a partir de que fueron notificadas, es decir el próximo jueves, sobre la aceptación de la recomendación
ANTECEDENTES. Tal como lo publicó Crónica, la zona en cuestión comenzó el proceso de invasiones en 1997 sin que ninguna autoridad actuara frente a las denuncias vecinales.
Nadie tampoco fue sancionado por lo que marca el nuevo código penal: de uno a 6 años de prisión o 100 a 500 días de multa al que deteriore las áreas naturales protegidas, y de dos a 6 años de cárcel y de 500 a dos mil salarios mínimos al que contamine o invada zonas ecológicas.
Incluso en mayo pasado la PGR determinó que no era competente para investigar el caso, y lo turnó a la PGJDF, que tampoco ha concluido su investigación.
Y ni siquiera la delegación Xochimilco, la Corena o la Dirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra han presentado denuncia alguna con el fin de recuperar el área de conservación ecológica.
